Las escuelas de CABA quedaron bajo un nuevo esquema de actuación frente a hechos que podrían tener relevancia penal y que involucren a estudiantes. El Gobierno porteño aprobó un protocolo que establece un deber de denuncia para las autoridades educativas cuando, en ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública.
La medida se implementó a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un régimen específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por un delito. La Ley 27.801 fue sancionada en febrero, publicada en marzo y reglamentada mediante el Decreto 875/2026.
